Dos jóvenes universitarios, Romaisa Krima y Jaume Andújar, estudiantes de Sociología y Magisterio Infantil, respectivamente, participaron recientemente en la Conferencia del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) para trasladar la voz del alumnado que ha pasado por el sistema de protección y reflexionar sobre las dificultades de acceso y permanencia en la universidad.
Previamente a la conferencia, ambos estudiantes mantuvieron un encuentro con la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en el que pudieron compartir estas reflexiones y trasladar algunas de las principales demandas en materia de equidad y acceso a la educación superior.
Invitados a intervenir ante representantes institucionales y del ámbito universitario, Romaisa y Jaume compartieron una reflexión conjunta basada en datos y experiencias colectivas, con el objetivo de visibilizar las desigualdades estructurales que todavía condicionan las trayectorias universitarias de parte de la juventud en Catalunya.
Durante su intervención, Romaisa Krima, dinamizadora del proyecto Entre Joves, subrayó que su participación no respondía únicamente a una experiencia individual, sino a la voluntad de representar a muchas personas jóvenes que, pese a tener capacidad y motivación, no llegan a plantearse la universidad como una opción viable. En este sentido, destacó el papel de la educación pública como herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la prevención de la precariedad.
Menos de un 4% de la juventud extutelada accede a la universidad
Los estudiantes expusieron datos que evidencian la baja presencia de jóvenes extutelados en la universidad, que continúa siendo residual en comparación con la población juvenil general. Según la Encuesta FEPA Catalunya 2024, solo un 3,36 % de los jóvenes con apoyos de entidades sociales accede a estudios universitarios, frente a un 31 % de la población joven en general. Una diferencia que, tal y como señalaron, no responde a una falta de capacidades, sino a condiciones de partida desiguales y a factores de vulnerabilidad acumulados.
Por su parte, Jaume Andújar puso el acento en dos elementos clave que dificultan la continuidad formativa: la dificultad de seguir itinerarios educativos ordinarios y la emancipación temprana que deben afrontar muchos jóvenes al finalizar su vinculación con el sistema de protección, lo que empuja a priorizar la inserción laboral inmediata o itinerarios formativos cortos, dejando la universidad fuera de sus opciones.
Ambos coincidieron en señalar que estas dificultades no son fracasos individuales, sino el reflejo de carencias estructurales que deben abordarse desde las políticas públicas. En este sentido, valoraron positivamente medidas recientes como la ampliación de la edad máxima para acceder a la reserva de plazas universitarias, que pasa de los 21 a los 25 años, y que ya está teniendo un impacto directo en las trayectorias académicas de algunas estudiantes.
Objetivo: democratizar el acceso a la universidad
En la parte final de la intervención, Romaisa Krima y Jaume Andújar defendieron que el acceso a la universidad no puede depender de la situación económica, administrativa o vital del alumnado, y que garantizar el derecho a la educación superior requiere condiciones reales de igualdad. Entre las propuestas planteadas destacaron la bonificación de las pruebas de acceso y de la matrícula, el acceso asequible a vivienda universitaria, una orientación específica y servicios de acompañamiento para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
La intervención concluyó con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente con la Administración y las universidades para avanzar hacia un sistema universitario más justo, inclusivo y equitativo, capaz de no dejar fuera el talento por razones de origen o trayectoria vital.
