Fepa ha trasladado esta mañana al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, su preocupación por la gestión de la reubicación de los niños, niñas y adolescentes de origen migrante que desde finales de agosto están siendo trasladados a la Península, remarcando especialmente que el acompañamiento a la infancia implica también garantizar apoyos más allá de la mayoría de edad.
La federación ha puesto el foco especialmente en la situación de Canarias, que, según datos del Ministerio de Juventud e Infancia, cuando el pasado 29 de agosto el Gobierno central decretara la contingencia migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias al encontrarse estos territorios a más del triple de su capacidad de acogida, acogía a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes, pese a contar con una capacidad de 737 plazas. Por un lado, Fepa ha alertado de que las reubicaciones pueden vulnerar el principio del interés superior del menor, afectando la calidad de la acogida, la continuidad educativa y la plena inclusión en el territorio de destino.
Por el otro, el director y la subdirectora del Área de Fortalecimiento de Fepa, Jordi Sàlvia y Paloma Garrido, han subrayado que muchas de estas personas se encuentran muy próximas a la mayoría de edad y, por tanto, a que una estrategia efectiva y garante de los derechos humanos implica necesariamente reforzar los programas de emancipación para que los apoyos no se interrumpan automáticamente al cumplir los 18 años.
Los representantes de Fepa han señalado que esta situación coincide con una creciente incertidumbre respecto a la financiación autonómica destinada a los programas de autonomía y transición a la vida adulta. El Secretario ha reafirmado su voluntad de seguir trabajando de la mano de Fepa para reconducir la situación en los próximos meses y garantizar que no se produzcan vulneraciones de derechos.
Avances normativos para blindar los derechos de la infancia y la juventud
La reunión ha permitido repasar el estado de los desarrollos normativos que impulsa el Ministerio de Juventud e Infancia. En primer lugar, se ha abordado la ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), actualmente en proceso de revisión interna.
Fepa presentó hace meses sus aportaciones, centradas en la necesidad de incorporar el reconocimiento de determinadas formas de violencia institucional y de ampliar el alcance de la ley para blindar el acompañamiento a la emancipación en personas jóvenes extuteladas más allá de los 18 años.
Asimismo, se revisó la situación del Real Decreto para la estandarización de centros residenciales, a la espera del dictamen del Consejo de Estado. El texto prevé reforzar los apoyos a la transición a la vida independiente, un elemento que Fepa considera esencial y sobre el que realizará un seguimiento detallado en cuanto disponga del borrador definitivo.
