FEPA, entidad de referencia de la juventud en situación de vulnerabilidad y, particularmente, de la juventud tutelada y extutelada, ha conmemorado sus 25 años de historia en el marco de unas jornadas de trabajo de dos días que han reunido a más de 200 personas en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Este momento clave en la historia de FEPA refleja los 25 años de compromiso y lucha en defensa de los derechos e igualdad de oportunidades de la juventud tutelada y extutelada, que coinciden en el tiempo con la puesta en marcha de los primeros recursos en las comunidades autónomas para dar apoyo a este grupo de población cuando, al alcanzar la mayoría de edad, cesa la tutela administrativa.
La jornada ha servido para poner en valor algunos de los hitos, tanto políticos como sociales, conseguidos en el transcurso de los últimos años. Los dos principales han sido la reforma del reglamento de extranjería en 2021, que puso fin al proceso de irregularidad sobrevenida en el que caían muchas personas extuteladas cuando alcanzaban la mayoría de edad; y la modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia en el año 2015 que, por primera vez, recoge la “obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes extutelados”.
Corregir la inequidad territorial, un reto pendiente
Con todo y pese a los avances alcanzados, desde FEPA se ha puesto de manifiesto que todavía queda un largo camino por recorrer. Su presidente, Ferran Rodríguez ha puesto el foco en uno de los retos principales, la inequidad territorial. “Actualmente, todavía hay muchas comunidades autónomas en las que los apoyos son escasos o inexistentes y aquellas en las que sí se han desplegado, es imprescindible avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona y con un enfoque desinstitucionalizador”, ha dicho.
Por su parte, el Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha reconocido que si bien hay un sistema de protección para niños y niñas que es garantista con la protección y los derechos de la infancia, el reto para el Ministerio de Juventud e Infancia es garantizar que haya una continuidad para la juventud. “No hemos conseguido crear un sistema garantista para el apoyo a la emancipación más allá de los 18 años y las condiciones materiales lo dificulta aún más”, ha señalado Pérez.
Desde FEPA se ha pedido el compromiso de todas las administraciones implicadas, estatales y autonómicas, para que los servicios sociales pongan a disposición y lo doten de la financiación necesaria; así como seguir trabajando en aspectos tan relevantes como la accesibilidad de la vivienda o la mejora de las condiciones laborales de la juventud.
Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay alrededor de 36.000 menores bajo la tutela del estado y cada año más de 4.000 dejan de estarlo por alcanzar la mayoría de edad.
